1. El problema del Narcotráfico
La producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ha alcanzado una magnitud enorme en todo el mundo. En Colombia, el problema ha adquirido connotaciones muy particulares, porque es el mayor traficante de hoja de coca, pasta básica y sobre todo de cocaína.
La ilegalidad de la industria de la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales.
El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Y usa la fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los Estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático. Las drogas afectan a la salud de quienes las consumen, y en particular la de los jóvenes y los niños. Las diversas opciones para combatir la droga se discuten tanto a nivel de los países involucrados, como en el plano internacional. Bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, se esta configurando una política basada en el principio de responsabilidad compartida, en el respeto a la soberanía de los Estados, en la eliminación del uso de la fuerza y en la no injerencia en los asuntos internos de los países, todos objetivos loables pero quizás contradictorios.
La economía de la droga conecta la producción, la comercialización y las finanzas en una intrincada red que hace caso omiso de las fronteras nacionales, y que se extiende a todos los continentes. El carácter clandestino o subterráneo de la economía de la droga, dificulta enormemente el análisis de sus efectos en las sociedades envueltas en la producción, manufactura, tráfico y consumo de estupefacientes.
TRANSICIÓN A LA CONSTITUCION DE 1991.
En el año 1990, por iniciativa de los estudiantes universitarios encabezados por Fernando Carrillo, se promovió en nuestro país un movimiento denominado “La Séptima Papeleta”, cuyo objetivo era que el pueblo se manifestara a favor o en contra de la convocatoria de una asamblea a Nacional constituyente “Esta consistió en depositar un voto adicional, propio, en las elecciones parlamentarias y municipales de 1990, permitiendo a la ciudadanía pronunciarse a favor o en contra de una Asamblea constituyente” (http/septimapapeleta.blogspot.com/), la que contó con un voto favorable del pueblo con más de dos millones de votos, que luego fue avalado por La corte suprema de Justicia.
Fue el Presidente César Gaviria Trujillo, quien ese mismo año convocó a elecciones el 9 de diciembre para que por voto popular se eligiera a quienes serían los encargados de redactar la nueva carta política, que en principio la idea era de hacer una reforma a la Constitución de 1886.
Como Presidentes de la Asamblea fueron designados Antonio Navarro Wolf, en representación del movimiento Alianza Democrática M-19 que obtuvo 19 escaños en la Asamblea; Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional de tendencia conservadora y Horacio Serpa Uribe por el Partido Liberal (Historia de Colombia, Zamora Editores, Santafé de Bogotá, D.C. Colombia. 1ra edición. Páginas 1085-1086). Estos fueron los tres movimientos políticos mayoritarios en dicha Corporación.
Para esta época Colombia estaba acosada por la violencia guerrillera de las Farc y Eln, de un lado y la del narcotráfico con Pablo Escobar a la cabeza, por el otro.
Entre los logros más destacados de esta nueva constitución están:
- La Acción de Tutela, con la que se permite al ciudadano del común hacer valer sus derechos fundamentales.
- La creación de La Corte Constitucional, defensora a ultranza de la institucionalidad.
- La creación de la Fiscalía General de La Nación, como ente acusatorio en el sistema Penal.
- En lo político, terminó con el Bipartidismo, monopolizado por Liberales y Conservadores, dando paso al multipartidismo.
- Se reconoce el pluralismo religioso, étnico, cultural, lingüístico y regional.
Sobresale también en esta carta Política, el carácter que se le dio con el concepto de “Estado Social de Derecho”, definiendo expresamente a las instituciones públicas como instrumentos al servicio de la sociedad, especialmente de sus miembros más débiles.